Complejidad: Entrada

Para quién es: Cónyuges que están de acuerdo en poner fin a su matrimonio de forma amistosa y desean un proceso legal rápido, simple y con el menor conflicto posible. Ideal para parejas que ya han resuelto temas como bienes y cuidado de hijos de manera consensuada y solo necesitan formalizar legalmente su divorcio.

Problema: Ambas partes desean divorciarse y ya no conviven, pero requieren concretar el fin legal del matrimonio. Aunque hay voluntad de acuerdo, necesitan ayuda profesional para preparar la documentación y cumplir con los requisitos legales (por ejemplo, tiempo mínimo de separación y acuerdos sobre hijos si los hay) a fin de obtener la sentencia de divorcio sin contratiempos.

Consecuencia de no actuar: Si no tramitan el divorcio, seguirán legalmente casados, lo que impide a ambos rehacer sus vidas formalmente (por ejemplo, volver a casarse) y mantiene efectos legales no deseados en temas patrimoniales y hereditarios. La falta de un divorcio formal puede ocasionar conflictos futuros, como inconvenientes con nuevos bienes que adquieran o incertidumbre jurídica en caso de fallecimiento de uno de los cónyuges.

Solución que ofrecemos: Ofrecemos asesoría integral para concretar su divorcio de mutuo acuerdo de manera expedita y segura. Nuestro equipo redacta y presenta la demanda de divorcio conjuntamente con un acuerdo completo que regule todos los aspectos necesarios – pensión de alimentos, cuidado personal de los hijos, régimen de visitas y división de bienes, según corresponda. Nos encargamos de todos los trámites judiciales y coordinamos la audiencia requerida, de modo que el juez pueda dictar la sentencia definitiva rápidamente. Resultado: usted obtiene la disolución legal de su matrimonio en el menor tiempo posible y con plena validez jurídica, minimizando el estrés y la incertidumbre durante el proceso.

Complejidad: Complejo

Para quién es: Personas que necesitan divorciarse pero cuyo cónyuge no está de acuerdo en poner fin al matrimonio, no coopera con el trámite o incluso se encuentra en paradero desconocido. También dirigido a quienes cuentan con causales de divorcio por culpa (como infidelidad, abandono grave del hogar, violencia, etc.) y deben acudir a los tribunales para lograr la disolución del vínculo matrimonial sin el consentimiento de la otra parte.

Problema: Usted desea terminar legalmente su matrimonio, pero enfrenta oposición o impedimentos por parte de su cónyuge. Puede ocurrir que su pareja se niegue a firmar el divorcio, que no hayan cumplido la separación de hecho de 1 año requerida para un divorcio de mutuo acuerdo (obligando a esperar 3 años de cese de convivencia para divorcio unilateral) o que exista una situación grave atribuible al otro cónyuge que justifique un divorcio inmediato por causal. En cualquier caso, el proceso será disputado en tribunales al no haber acuerdo entre las partes.

Consecuencia de no actuar: De no iniciar una demanda de divorcio unilateral, el matrimonio continuará vigente en contra de su voluntad. Esto le impide rehacer su vida legalmente: no podrá volver a casarse ni actualizar su estado civil, y seguirá atado a efectos legales no deseados (por ejemplo, mantención del régimen de bienes compartidos, derechos sucesorios del cónyuge en caso de fallecimiento, etc.). Además, si existen situaciones de maltrato u otros conflictos, mantenerse casado(a) prolonga la tensión y puede agravar los problemas familiares.

Solución que ofrecemos: Contamos con amplia experiencia en divorcios contenciosos. Nuestro estudio lo representará en la demanda de divorcio unilateral, realizando todas las gestiones necesarias para probar ante el tribunal el cese de convivencia por el tiempo legal requerido o la causal invocada, según corresponda. Prepararemos su caso recopilando evidencias (documentos, testigos, peritajes si hiciera falta) que acrediten la situación y respaldaremos sus derechos en temas asociados. Durante el proceso, abogaremos por sus intereses en materias conexas como pensión de alimentos, cuidado de hijos o compensación económica, integrándolas en el juicio de divorcio para que todo se resuelva de manera integral. Nuestro objetivo es obtener una sentencia favorable de divorcio que ponga fin a su matrimonio protegiendo sus derechos personales y patrimoniales, incluso ante la negativa o ausencia de la contraparte.

Complejidad: Entrada

Para quién es: Personas que necesitan obtener una pensión de alimentos a favor de un hijo, hija o cónyuge, o bien quienes han sido demandadas por pensión de alimentos y requieren una representación adecuada para asegurar un resultado justo. También dirigido a cuidadores o familiares que asumen la crianza de un menor y buscan respaldo legal.

Problema: En algunos casos, una persona que tiene a su cargo el cuidado cotidiano de un niño o adolescente no cuenta con apoyo económico suficiente del otro progenitor y necesita fijar una pensión formal. En otros, quien es demandado considera que el monto solicitado es excesivo o no se condice con su capacidad económica real, y requiere defensa para evitar una resolución injusta.

Consecuencia de no actuar: Quien necesita la pensión podría quedar sin los medios para cubrir adecuadamente las necesidades del menor. Quien ha sido demandado sin una defensa clara corre el riesgo de que se le fije una pensión por sobre lo que puede pagar, lo que puede llevarlo a endeudarse, caer en incumplimiento y exponerse a sanciones legales. En ambos casos, no actuar genera inestabilidad financiera y tensión familiar innecesaria.

Solución que ofrecemos: En Estudio Veragua representamos tanto a quienes solicitan alimentos como a quienes necesitan defenderse de una demanda.
Si representamos al demandante, iniciamos el proceso de mediación obligatoria, y si no hay acuerdo, presentamos la demanda judicial. Fundamentamos la pensión solicitada con pruebas claras de los gastos del menor y los ingresos del alimentante.
Si defendemos al demandado, revisamos minuciosamente los antecedentes, acreditamos su situación económica real, y buscamos un acuerdo o resolución que sea razonable y sostenible, evitando desequilibrios que perjudiquen a cualquiera de las partes.

En todos los casos, buscamos obtener una resolución justa, clara y legalmente exigible, con respaldo para quien necesita los alimentos y protección para quien debe pagarlos, resguardando siempre el interés del menor y la equidad entre las partes.

Complejidad: Medio

Para quién es: Personas que ya cuentan con una pensión de alimentos fijada por resolución judicial o acuerdo homologado, y que desean modificarla debido a un cambio de circunstancias. Este servicio está dirigido tanto a quienes desean solicitar un aumento de la pensión como a quienes han sido demandados por aumento y necesitan defensa legal para que el reajuste sea justo y proporcional.

Problema: Con el tiempo, las condiciones cambian: las necesidades del hijo o hija aumentan (colegio, salud, transporte, actividades, inflación), o bien el alimentante ha visto mejorada su situación económica. En este escenario, una de las partes puede solicitar que se modifique la pensión vigente. En otros casos, la parte demandada considera que no existen condiciones suficientes para justificar el aumento, o que se está solicitando un monto exagerado o fuera de sus posibilidades reales.

Consecuencia de no actuar: Si quien necesita el reajuste no actúa, el menor podría seguir recibiendo menos de lo que requiere para su desarrollo y bienestar, afectando su calidad de vida. Si quien ha sido demandado no se defiende, podría terminar con una sentencia que imponga un monto desproporcionado o impagable, generando posibles deudas, sanciones o conflictos judiciales posteriores. En ambos casos, no actuar mantiene una situación desactualizada y genera riesgos económicos y legales innecesarios.

Solución que ofrecemos: En Estudio Veragua, representamos tanto a quienes solicitan el aumento como a quienes deben defenderse ante una demanda de modificación.
Si representamos al solicitante, presentamos una demanda fundamentada con pruebas del aumento de gastos del menor y/o de la mejora económica del alimentante, solicitando un reajuste proporcional y actualizado.
Si defendemos al demandado, revisamos todos los antecedentes, verificamos la procedencia y proporción del aumento solicitado y presentamos una defensa sólida para evitar decisiones injustas o desmedidas.

En ambos casos, buscamos obtener una resolución judicial equilibrada, que refleje la realidad económica de ambas partes y proteja los intereses del menor sin sobrecargar ni desproteger a nadie.

Complejidad: Medio

Para quién es: Personas que tienen fijada una pensión de alimentos —ya sea por sentencia o acuerdo— y cuya situación económica o familiar ha cambiado, impidiéndoles mantener el monto establecido. También aplicable a personas que han sido notificadas de una demandauuuuuuuu de rebaja y necesitan defender el monto vigente para asegurar que el menor no vea afectado su sustento.

Problema: Quien paga la pensión puede enfrentar una disminución de ingresos o un aumento de cargas —como pérdida de empleo, enfermedad, discapacidad, jubilación o nacimiento de nuevos hijos— que hace que el monto fijado se vuelva imposible de cumplir sin caer en deuda. Por otro lado, quien recibe la pensión puede considerar que no existen condiciones suficientes para justificar una rebaja y necesita respaldo legal para mantener el monto que cubre las necesidades del menor.

Consecuencia de no actuar: Si no se solicita la rebaja, el alimentante podría acumular una deuda difícil de revertir, arriesgando medidas como embargo de bienes, retención de ingresos, arraigo o incluso arresto. Si quien recibe la pensión no se defiende ante una demanda de rebaja, podría perder un monto que ha sido esencial para el bienestar del hijo/a, enfrentando dificultades para cubrir gastos básicos. En ambos casos, no actuar puede provocar desequilibrios graves, tensiones y consecuencias legales evitables.

Solución que ofrecemos: En Estudio Veragua representamos tanto a quienes solicitan la rebaja como a quienes deben oponerse a ella para proteger los derechos del menor.
✅ Si representamos al alimentante, elaboramos una demanda de rebaja sólida, acompañada de evidencia de sus nuevas condiciones económicas o familiares (finiquito, certificados médicos, nacimiento de nuevos hijos, etc.), y buscamos una solución proporcional a su capacidad actual.
✅ Si representamos a quien se opone, fundamentamos la necesidad de mantener el monto vigente, demostrando que sigue siendo necesario y que la rebaja afectaría directamente al bienestar del menor.

Buscamos una resolución judicial justa y equilibrada, que permita cumplir con la obligación sin asfixiar económicamente a nadie, y que asegure el sustento adecuado para los hijos, respetando el principio del interés superior del niño y la realidad de ambas partes.

Complejidad: Entrada

Para quién es: Personas que tienen una pensión de alimentos ya fijada por sentencia o acuerdo judicial y necesitan exigir su cumplimiento, así como aquellas que han sido demandadas por incumplimiento y requieren una defensa adecuada para regularizar su situación o probar pagos realizados. Atendemos tanto a quien ejerce el derecho a exigir el pago como a quien necesita respaldo para resolver su deuda.

Problema: En algunos casos, quien debe pagar la pensión ha dejado de hacerlo en forma total o parcial, generando una deuda y desestabilizando económicamente al hogar del menor. En otros, quien paga ha realizado aportes, pero no tiene respaldo suficiente o enfrenta una demanda que no refleja fielmente lo ocurrido. Ambos escenarios requieren intervención legal para evitar perjuicios.

Consecuencia de no actuar: Si no se exige el cumplimiento, la deuda puede seguir creciendo, afectando el bienestar del menor y recayendo toda la carga en una sola persona.
Si no se ejerce una defensa oportuna, el demandado puede enfrentar medidas de apremio severas, como embargo de sueldo, prohibición de salir del país (arraigo), retención de devolución de impuestos, suspensión de licencias o incluso arresto nocturno o efectivo. Además, podría figurar en el Registro de Deudores de Pensiones de Alimentos, limitando trámites bancarios, laborales y comerciales.

Solución que ofrecemos: En Estudio Veragua, representamos tanto a quienes buscan hacer cumplir una pensión impaga, como a quienes necesitan defenderse de una acción de cobro para regularizar su situación o acreditar pagos ya efectuados.
Si representamos al acreedor, activamos las herramientas legales para recuperar los montos adeudados: medidas de apremio, embargos, retenciones, uso de fondos previsionales y acciones judiciales eficaces.
Si representamos al deudor, revisamos su situación, gestionamos convenios de pago realistas, acreditamos aportes efectuados y buscamos evitar sanciones desproporcionadas, protegiendo su estabilidad y derecho a una defensa justa.

En ambos casos, nuestro objetivo es lograr un equilibrio legal efectivo: asegurar el cumplimiento del derecho del menor a recibir alimentos, sin pasar por alto la realidad económica y los derechos de quien debe pagar. Actuamos con firmeza, rapidez y enfoque humano en cada etapa del proceso.

Complejidad: Complejo

Para quién es: Personas que están involucradas en un conflicto legal por el cuidado personal de un niño, niña o adolescente. Este servicio está dirigido tanto a quienes desean solicitar el cuidado personal, porque consideran que es lo mejor para el niño o niña, como a quienes ya lo ejercen y necesitan defenderse ante una demanda que busca modificar esa situación. También está pensado para terceros (como abuelos/as u otros familiares) que, por razones fundadas, necesitan asumir formalmente la responsabilidad del cuidado.

Problema: Existe una disputa sobre quién debe ejercer el cuidado personal y tomar decisiones relevantes en la vida cotidiana del niño, niña o adolescente. En algunos casos, no se ha regulado formalmente tras una separación, lo que genera inseguridad jurídica y conflictos frecuentes. En otros, quien actualmente tiene el cuidado teme perderlo sin justificación válida, o considera que el entorno del otro progenitor no es adecuado o seguro para una convivencia permanente.

Consecuencia de no actuar: No resolver el conflicto judicialmente puede provocar inestabilidad emocional y práctica en la vida del niño o niña. Se arriesgan situaciones como traslados arbitrarios, decisiones unilaterales, interferencias en el vínculo con uno de los progenitores o cambios innecesarios de escuela o entorno. También puede significar que quien tiene las condiciones adecuadas para ejercer el cuidado no pueda proteger ni tomar decisiones relevantes, al no contar con una resolución firme que respalde su rol.

Solución que ofrecemos: En Estudio Veragua brindamos representación legal tanto a quienes buscan solicitar el cuidado personal, como a quienes deben defender su derecho a conservarlo.
Analizamos su caso en profundidad, levantando antecedentes como la relación del niño, niña o adolescente con cada adulto involucrado, condiciones del entorno, informes escolares, peritajes psicosociales o antecedentes de violencia, si existen.
Presentamos la demanda o contestación según corresponda, con argumentos jurídicos sólidos y enfoque centrado en el interés superior del niño, niña o adolescente.
Lo acompañamos en todas las audiencias y etapas del proceso, con una estrategia firme y empática.

Buscamos obtener una resolución judicial clara y justa, que defina quién ejercerá el cuidado personal, bajo qué condiciones, y que garantice un entorno estable, protector y adecuado para el desarrollo del niño, niña o adolescente.

Para quién es: Personas que no conviven con su hijo, hija o adolescente y necesitan establecer un régimen de visitas claro y legal, así como quienes actualmente tienen el cuidado personal y desean regular las visitas del otro progenitor para proteger la estabilidad y bienestar del niño o niña. También está dirigido a abuelos/as u otros familiares cercanos que buscan mantener un vínculo significativo con el niño, niña o adolescente en situaciones especiales.

Problema: Tras una separación o ruptura familiar, muchas veces no existe un acuerdo claro sobre cuándo, cómo y bajo qué condiciones se realizarán las visitas. Esto genera conflictos: incumplimientos de horarios, negativa a entregar o permitir el contacto, reclamos cruzados o, por el contrario, largos períodos sin contacto significativo, afectando el vínculo afectivo. La ausencia de reglas claras transforma cada encuentro en una potencial discusión, generando tensión emocional en adultos y sufrimiento en el niño, niña o adolescente.

Consecuencia de no actuar: No contar con un régimen formal puede deteriorar la relación con uno de los progenitores o familiares significativos, afectando el desarrollo emocional del niño o niña. Además, la falta de certeza genera discusiones constantes, interfiere con la rutina escolar y personal, e impide exigir o hacer cumplir el contacto. Sin una resolución judicial, ninguna de las partes cuenta con respaldo legal para defender sus derechos ni los del niño o niña.

Solución que ofrecemos: En Estudio Veragua representamos tanto a quienes desean obtener un régimen de visitas como a quienes necesitan ordenarlo y limitarlo razonablemente en protección del bienestar del niño, niña o adolescente.
Elaboramos una solicitud o demanda de relación directa y regular ante el Juzgado de Familia, proponiendo un calendario concreto de visitas: fines de semana, vacaciones, festivos, llamadas, videollamadas, entre otros.
Buscamos soluciones adaptadas a la edad, rutina y necesidades del niño o niña. Fomentamos acuerdos previos en mediación, pero si no se logra acuerdo, representamos el caso ante el tribunal con argumentos sólidos y centrados en el interés del hijo o hija.
Una vez obtenida la resolución judicial, se establece un régimen de visitas obligatorio y exigible, garantizando que el padre, madre o familiar no conviviente pueda ejercer su derecho de contacto, y que quien tiene el cuidado personal deba facilitar ese vínculo, salvo que existan motivos fundados para restringirlo.

Con este servicio, el niño, niña o adolescente podrá mantener una relación estable y respetuosa con ambos progenitores, disminuyendo los conflictos y entregando tranquilidad a toda la familia.

Complejidad: Medio

Para quién es: Personas que ya cuentan con un régimen de visitas (relación directa y regular) fijado por acuerdo o sentencia, pero que necesitan modificar sus términos porque las condiciones actuales ya no se ajustan a la realidad. Este servicio está dirigido tanto a quienes desean ampliar, reducir o reestructurar el régimen vigente, como a quienes han sido demandados por modificación y necesitan defender su posición.

Problema: Con el paso del tiempo, es común que las circunstancias cambien: la edad del niño, niña o adolescente, sus horarios escolares, la distancia geográfica entre los progenitores, la disponibilidad de tiempo de cada uno o incluso eventos que afectan el bienestar (conflictos, incumplimientos, cambios de domicilio, etc.). Si el régimen de visitas no se adapta a estas nuevas condiciones, puede volverse impráctico, conflictivo o perjudicial para el desarrollo del hijo o hija.

Consecuencia de no actuar: Si no se modifica el régimen, los conflictos pueden intensificarse: retrasos, incumplimientos, desacuerdos constantes o pérdida progresiva del vínculo con uno de los progenitores. Además, forzar un régimen que ya no se ajusta a la vida cotidiana del niño o niña puede causar estrés emocional y desorganizar su rutina. Por otro lado, quien no se defiende adecuadamente frente a una solicitud de modificación puede ver restringido su contacto de forma injustificada, sin que se valoren todos los antecedentes del caso.

Solución que ofrecemos: En Estudio Veragua representamos tanto a quienes solicitan la modificación como a quienes necesitan oponerse o buscar una solución distinta.
Analizamos su situación actual y proponemos ajustes razonables y fundamentados: cambio de frecuencia, ampliación o reducción de horarios, modificación de modalidad (presencial, digital), o incorporación de medidas de protección si corresponde.
Si representamos al solicitante, elaboramos una demanda con argumentos centrados en el interés del niño, niña o adolescente, respaldada por informes, antecedentes familiares o educativos.
Si defendemos al demandado, revisamos críticamente los fundamentos de la demanda y presentamos una estrategia sólida para resguardar su vínculo y la estabilidad familiar.

Buscamos una sentencia que refleje la realidad actual y el bienestar del hijo o hija, entregando a ambas partes reglas claras, exigibles y sostenibles para mantener una relación sana, continua y libre de conflictos innecesarios.

Complejidad: Medio

Para quién es: Personas que viven situaciones de maltrato físico, psicológico, económico o amenazas dentro de su núcleo familiar —por parte de una pareja, ex pareja, conviviente, familiar directo u otro miembro del grupo cercano— y que necesitan medidas de protección urgentes para sí o para sus hijos, hijas o adolescentes. También representamos a personas que han sido denunciadas por VIF injustamente, y que requieren una defensa legal eficaz y estratégica para evitar medidas desproporcionadas o daños a su reputación y derechos.

Problema: En algunos casos, una persona sufre violencia sistemática en su entorno familiar, como agresiones físicas, control extremo, aislamiento, amenazas o maltrato verbal. En otros, una persona ha sido acusada de hechos que no ha cometido, o cuya denuncia exagera o distorsiona los hechos, afectando su vínculo con los hijos, su entorno laboral o incluso su libertad personal. Ambos escenarios generan un alto nivel de angustia, inseguridad y consecuencias legales serias, si no se actúa a tiempo.

Consecuencia de no actuar: Para quien sufre violencia, no solicitar protección puede exponerle a nuevos episodios más graves, daño físico o emocional, y afectar también a hijos o hijas que presencian o sufren esa violencia. Para quien ha sido denunciado sin fundamento, no contar con defensa puede derivar en órdenes de alejamiento injustificadas, pérdida del contacto con los hijos, arrestos o limitaciones legales que impactan su vida personal y profesional. En ambos casos, el silencio o la inacción agravan el conflicto y las consecuencias.

Solución que ofrecemos: En Estudio Veragua, contamos con experiencia para representar tanto a víctimas de violencia intrafamiliar como a personas injustamente denunciadas, garantizando un enfoque legal claro, respetuoso y centrado en la verdad de los hechos.
Si representamos a una persona víctima de VIF, gestionamos la denuncia ante Fiscalía, Carabineros o directamente en el Juzgado de Familia, solicitando medidas de protección inmediatas: orden de alejamiento, prohibición de comunicación, exclusión del hogar, visitas supervisadas, entre otras.
Si representamos a quien ha sido denunciado, analizamos la denuncia en detalle, preparamos su declaración, reunimos pruebas que demuestren su inocencia o contexto real de los hechos, y lo asistimos en las audiencias para que no se vulneren sus derechos ni se le impongan medidas desproporcionadas.

En ambos casos, trabajamos con absoluta reserva, compromiso y enfoque humano, brindando contención durante todo el proceso, y actuando con rapidez para proteger la integridad, el vínculo familiar y los derechos fundamentales de cada cliente.

Complejidad: Complejo

Para quién es: Familias que necesitan aclarar o corregir la situación legal de paternidad de un menor. Esto incluye: madres cuyos hijos no han sido reconocidos por el padre biológico (y requieren demandar el reconocimiento de paternidad para que el niño tenga todos sus derechos frente a ese padre); hombres que desean reconocer legalmente a un hijo y la madre pone trabas; o personas que figuran inscritas como padre de un niño sin ser el progenitor biológico (ya sea por error, presunción legal de paternidad dentro del matrimonio, o incluso engaño) y buscan impugnar esa paternidad para que se refleje la verdad biológica.

Problema: Hay una situación de filiación irregular o incierta: por un lado, un niño carece del reconocimiento legal de su padre biológico, lo que le priva de llevar su apellido, de derechos de alimentos, herencia y de la relación jurídica padre-hijo. Por otro lado, puede ocurrir la situación inversa: alguien está legalmente establecido como padre de un menor sin realmente serlo (por ejemplo, el marido de la madre figura automáticamente como padre por ley, pese a que biológicamente no lo es, o un hombre reconoció voluntariamente a un niño ajeno). Estas situaciones generan injusticias y conflictos: en el primer caso, el menor y la madre quedan desprotegidos y sin apoyo del verdadero padre; en el segundo caso, una persona soporta obligaciones (pagar pensión de alimentos, restricciones para salir del país con el menor, etc.) respecto de un niño con el que no tiene vínculo sanguíneo, y al mismo tiempo el verdadero padre biológico queda fuera del marco legal.

Consecuencia de no actuar: Mientras no se corrija la filiación, el menor no podrá ejercer plenamente sus derechos de identidad y sustento. Un niño no reconocido pierde el derecho a llevar el apellido de su padre y a recibir una pensión de alimentos o heredar de él, además de crecer con un vacío legal en su identidad. Asimismo, la madre deberá afrontar sola la crianza sin poder exigir responsabilidades al padre biológico. En el caso de una paternidad equivocada, la persona indebidamente registrada como padre estará atada a obligaciones legales y posibles impedimentos (por ejemplo, no podrá salir libremente del país con el menor si no es el tutor legal, o tendrá trabas para trámites civiles) y si decide no cumplir, podría incluso enfrentar consecuencias legales hasta aclarar la situación. Además, el verdadero progenitor biológico permanece sin asumir su responsabilidad ni sus derechos. En resumen, la falta de acción mantiene una falsedad legal que con el tiempo es más difícil de revertir y que puede afectar emocional y económicamente a todas las partes involucradas.

Solución que ofrecemos: Nuestro estudio cuenta con experiencia especializada en juicios de filiación para reconocimiento e impugnación de paternidad. Brindamos asesoría y representación tanto a la madre o al hijo que reclama el reconocimiento de un padre, como al padre/madre que necesita impugnar una paternidad indebida. Iniciamos la acción legal pertinente: demanda de reclamación de paternidad (para establecer legalmente quién es el padre) o demanda de impugnación de paternidad (para anular un vínculo paterno-filial registrado erróneamente). En ambos casos, gestionamos con rigurosidad las pruebas biológicas y documentales necesarias: solicitamos pruebas de ADN a través del tribunal para demostrar la verdad biológica, recopilamos documentos como certificados de nacimiento, matrimonio, declaraciones, y cualquier evidencia que sustente la reclamación o impugnación. Durante el proceso judicial, lo representamos en audiencias y eventuales etapas de apelación, siempre velando por los derechos del menor y de nuestro cliente. Finalmente, obtendremos una sentencia que establezca la filiación correcta: ya sea inscribiendo al padre biológico y otorgando al menor su apellido y derechos (y al mismo tiempo imponiendo las obligaciones de padre, como alimentos), o bien eliminando la paternidad falsa del registro civil para liberar a la persona afectada de ese vínculo y permitir que se establezca la verdad. En cualquiera de los supuestos, logramos regularizar la situación familiar conforme a la realidad, dando tranquilidad jurídica y acceso a derechos a quienes corresponda.

Complejidad: Complejo

Para quién es: Personas que, al enfrentar un divorcio, necesitan resolver el tema de la compensación económica. Este servicio está dirigido tanto a quienes solicitan compensación por haber sufrido un menoscabo económico durante el matrimonio, como a quienes han sido demandados por compensación y requieren una defensa adecuada para asegurar que el resultado sea justo y conforme a derecho.

Problema: Durante el matrimonio, uno de los cónyuges pudo haber sacrificado su desarrollo profesional o laboral —por ejemplo, dejando de trabajar o postergando su carrera— para dedicarse al cuidado del hogar y de los hijos. Esta decisión permitió al otro cónyuge desarrollarse económicamente, estudiar, trabajar más horas o generar ingresos superiores. Al momento del divorcio, quien hizo ese sacrificio se encuentra en una situación de desventaja económica, con menor capacidad de generación de ingresos y escaso patrimonio propio. Por otro lado, el cónyuge con mayor estabilidad financiera puede enfrentar una demanda de compensación significativa y necesita comprobar si ésta es procedente o desproporcionada.

Consecuencia de no actuar: Quien tiene derecho a una compensación económica y no la solicita dentro del juicio de divorcio pierde esa posibilidad para siempre. Esto puede traducirse en inseguridad financiera, dificultad para rehacer su vida, y una situación de injusticia tras años de aporte silencioso al proyecto familiar. Quien es demandado y no ejerce una defensa oportuna, arriesga que el tribunal imponga una compensación elevada sin haber analizado su verdadera capacidad económica o si el sacrificio alegado existió realmente. En ambos casos, no actuar puede generar un desequilibrio económico importante al finalizar el vínculo.

Solución que ofrecemos:
En Estudio Veragua, asesoramos a nuestros clientes en ambos roles del juicio de compensación económica:
Si usted solicita compensación, calculamos el menoscabo económico sufrido durante el matrimonio (años fuera del sistema previsional, pérdida de oportunidades laborales, diferencias de ingreso, etc.) y preparamos una demanda bien fundamentada, con pruebas que acrediten su contribución familiar y el desequilibrio resultante.
Si usted es demandado/a, revisamos la procedencia de la solicitud, verificamos los hechos y presentamos argumentos y evidencias para demostrar que el menoscabo no existe o que, de existir, debe ser proporcional y razonable.

En ambos escenarios, buscamos una resolución equitativa, que reconozca los aportes realizados durante el matrimonio sin que ello implique una sanción desmedida para ninguna de las partes.
Nuestra intervención garantiza que este aspecto complejo del divorcio sea tratado con claridad, rigor y justicia, aportando tranquilidad y certezas patrimoniales al cierre del vínculo matrimonial.

Complejidad: Complejo

Para quién es: Personas que estuvieron casadas bajo el régimen de sociedad conyugal y que, tras el divorcio o la nulidad del matrimonio, necesitan dividir de forma justa y definitiva los bienes adquiridos durante la vida en común. También asesoramos a quienes están en proceso de divorcio y desean dejar zanjado el tema patrimonial en paralelo o inmediatamente después. Representamos tanto a quien busca impulsar la liquidación como a quien necesita defender sus derechos dentro de este procedimiento.

Problema: Bajo la sociedad conyugal, en general todos los bienes y deudas adquiridos durante el matrimonio pertenecen al patrimonio común. Al disolverse el vínculo, se debe realizar una liquidación formal, es decir: identificar los bienes y deudas, valorarlos, y dividirlos legalmente. Sin embargo, este proceso muchas veces se complica por falta de acuerdo, ocultamiento de información, conflictos por el uso de ciertos bienes o diferencias en la valoración. Mientras no se liquide, ambas personas siguen siendo copropietarias de todos los bienes, lo que genera dependencia económica, impide vender propiedades o disponer libremente del patrimonio, y mantiene abierto un vínculo patrimonial no resuelto.

Consecuencia de no actuar: Postergar la liquidación puede derivar en conflictos prolongados, pérdidas económicas y riesgos jurídicos. Uno de los ex cónyuges podría apropiarse o usar en exclusiva bienes comunes sin compensación, o incluso disponer de ellos en perjuicio del otro. También se pueden mezclar bienes nuevos con antiguos, dificultando la delimitación del haber común. En caso de fallecimiento de alguno, la situación se complica aún más al involucrarse los herederos. En resumen, no actuar genera inestabilidad financiera, inseguridad jurídica y conflictos que podrían evitarse con una liquidación clara y oportuna.

Solución que ofrecemos: En Estudio Veragua, asesoramos a nuestros clientes en todo el proceso de liquidación de la sociedad conyugal, ya sea para lograr un acuerdo amistoso o para representarlos en juicio si no hay entendimiento.
Identificamos y valoramos los bienes adquiridos durante el matrimonio (propiedades, vehículos, inversiones, ahorros, enseres, etc.) y las deudas, diferenciando entre patrimonio común y bienes propios.
Elaboramos un inventario y avalúo detallado, con apoyo pericial cuando es necesario.
Buscamos un acuerdo con la otra parte que permita una partición justa y equilibrada, formalizando lo pactado en escritura pública o resolución judicial.
Si no hay acuerdo, representamos a nuestro cliente en un juicio de partición, trabajando activamente ante el árbitro partidor para resguardar su posición, impugnar valoraciones injustas y proponer criterios favorables de reparto.

El resultado es una liquidación legalmente válida que pone fin al régimen de comunidad, asignando a cada persona su parte correspondiente y permitiendo que ambas puedan reorganizar su vida económica con autonomía y certeza.

Complejidad: CHIP

Para quién es: Personas que necesitan viajar fuera de Chile con su hijo o hija, y no cuentan con la autorización del otro progenitor. Este servicio aplica tanto para viajes puntuales (vacaciones, competencias, tratamientos médicos, visitas familiares, programas educativos), como para traslados permanentes al extranjero. También se orienta a quienes no pueden contactar al otro progenitor o enfrentan una negativa injustificada para autorizar la salida.

Problema: En Chile, la salida del país de un niño, niña o adolescente requiere la autorización de ambos padres. Cuando uno de ellos no firma —ya sea por conflicto, falta de voluntad o inubicabilidad—, el viaje no se puede realizar legalmente. Esto impide concretar planes relevantes para el bienestar o el desarrollo del hijo o hija, y genera un alto nivel de frustración y urgencia para quien sí desea viajar responsablemente.

Consecuencia de no actuar: Sin la autorización judicial, no es posible salir legalmente del país. Esto puede implicar perder oportunidades educativas, familiares, recreativas o incluso médicas. Además, cualquier intento de viaje sin autorización podría tener graves consecuencias legales, como cargos por sustracción internacional o prohibiciones futuras para salir del país. En resumen, el desacuerdo o la omisión de una de las partes bloquea el derecho del niño, niña o adolescente a acceder a experiencias u oportunidades valiosas.

Solución que ofrecemos: En Estudio Veragua, tramitamos con rapidez y claridad la solicitud de autorización judicial ante el Tribunal de Familia.
Presentamos el requerimiento con todos los antecedentes del viaje: destino, duración, motivo y beneficios para el niño o niña.
Adjuntamos documentos que respalden la necesidad o conveniencia del viaje: pasajes, cartas de invitación, inscripciones, tratamientos, etc.
Lo representamos en la audiencia ante el tribunal, respondiendo cualquier objeción que se presente, y argumentando con firmeza que el viaje resguarda el interés del hijo o hija y no vulnera derechos parentales.
Una vez dictada, la resolución judicial suplanta la firma faltante y permite viajar sin impedimentos en Policía Internacional.

Ofrecemos una vía legal, ágil y segura para garantizar que su hijo o hija pueda salir del país sin contratiempos ni conflictos innecesarios, protegiendo sus derechos y el cumplimiento de la ley.

Complejidad estimada

Media a Alta. Los asuntos de derecho de familia con enfoque en familias LGTBIQ+ pueden presentar una complejidad variable. Si bien la legislación chilena actual reconoce plenamente los derechos de las parejas del mismo sexo y familias diversas (por ejemplo, a través de la Ley Nº21.400 de Matrimonio Igualitario, vigente desde marzo de 2022​), la aplicación práctica de estas normas aún se está asentando. Cada caso implica no solo resolver el conflicto legal de fondo (custodia, visitas, pensión de alimentos, etc.), sino también abordar posibles prejuicios o vacíos legales remanentes. Esto requiere un manejo técnico especializado y actualizado de la normativa, junto con una sensibilidad especial para garantizar un trato igualitario. En Estudio Veragua estamos preparadas para enfrentar desafíos complejos en esta materia, asegurando que la diversidad de cada familia sea entendida y respetada en todo momento.

Destinatarios

Parejas y familias de la diversidad sexual y de género. Este servicio jurídico está dirigido a todas las personas LGBTIQ+ y sus familias que requieran apoyo en materia de Derecho de Familia. Incluye a parejas del mismo sexo (cónyuges o convivientes) con o sin hijos, familias homoparentales (dos padres) y lesbomaternales (dos madres), personas transgénero con hijos o relaciones familiares, así como cualquier configuración familiar diversa. También abarca a sus hijos, hijas e hijes, y a otros integrantes de la familia (por ejemplo, abuelos o tutores) involucrados en el cuidado de niños, niñas y adolescentes. En suma, está pensado para familias diversas que necesiten asesoría legal especializada sin suposiciones heteronormadas acerca de su composición.

Problema

Conflictos familiares con riesgo de discriminación. Las familias LGTBIQ+ pueden enfrentar los mismos conflictos legales que cualquier otra familia – divorcios, disputas por cuidado personal (custodia), establecimiento de régimen de visitas (relación directa y regular), demandas de alimentos (pensión alimenticia), determinación de filiación de hijos o hijas, necesidad de autorizaciones judiciales (por ejemplo, para la salida del país de un menor), solicitudes de compensación económica tras una separación, entre otros. Sin embargo, a estos conflictos comunes se suma a veces el temor a prejuicios o falta de comprensión por parte de terceros o incluso del sistema judicial debido a su orientación sexual, identidad de género o modelo familiar. Es comprensible que exista incertidumbre y ansiedad: históricamente, las familias diversas han enfrentado barreras legales y sociales. Por ejemplo, antes de los cambios legislativos recientes, un padre o madre no biológico/a en una pareja del mismo sexo podía no ser reconocido legalmente​, generando inseguridad sobre sus derechos respecto de sus hijos/as. Aunque hoy las leyes han avanzado, todavía puede haber desafíos prácticos (formularios, trámites o actitudes) que no contemplen plenamente la diversidad familiar. Enfrentar un proceso legal de familia bajo estas circunstancias sin el acompañamiento adecuado puede hacer que el problema se agrave: la persona puede sentirse vulnerable, incomprendida o juzgada, lo cual dificulta alcanzar soluciones justas.

Consecuencias de no actuar

Riesgo de pérdida de derechos y agravamiento del conflicto. No tomar acción legal oportuna – o acudir a asesoría no especializada en enfoque inclusivo – puede tener graves consecuencias para familias LGTBIQ+:

• Derechos parentales en peligro: Si no se gestiona debidamente la filiación o custodia, un progenitor podría quedar sin reconocimiento legal sobre su hijo o hija, afectando la estabilidad del menor y del vínculo afectivo. Por ejemplo, no iniciar un trámite de reconocimiento de filiación a tiempo podría dificultar luego que ambas madres o ambos padres figuren legalmente​.
• Vínculos familiares afectados: Si no se regula la relación directa y regular, existe el riesgo de distanciamiento entre hijos/as y uno de sus padres/madres, especialmente en casos de separación conflictiva. La falta de un régimen claro de visitas puede derivar en obstáculos para mantener contacto frecuente y de calidad.
• Desprotección económica: La inacción en demandas de alimentos deja a niños y niñas sin los recursos económicos necesarios para su crianza, o sobrecarga injustamente a un solo padre/madre con todos los gastos. Del mismo modo, no exigir una compensación económica en un divorcio puede significar renunciar a recursos que le corresponden a quien sacrificó desarrollo profesional por el cuidado de la familia.
• Situaciones de violencia o discriminación sin respuesta: En casos de violencia intrafamiliar o discriminación dentro del contexto familiar por motivo de orientación sexual o identidad de género, no buscar ayuda legal inmediata puede poner en riesgo la seguridad e integridad de las personas involucradas. La falta de acción podría normalizar o perpetuar esas conductas dañinas.
• Perder oportunidades legales favorables: Las leyes de familia han avanzado para proteger a las familias diversas, pero esos avances no se harán efectivos si no se invocan. Plazos legales pueden correr (por ejemplo, para apelar resoluciones injustas o para demandar derechos), y dejarlos pasar puede cerrar puertas a obtener soluciones equitativas. En resumen, no actuar a tiempo o adecuadamente puede agravar el conflicto familiar, ocasionar pérdida de derechos fundamentales y generar un mayor impacto emocional y patrimonial en la familia.

Solución ofrecida

Asesoría legal inclusiva, experta y empática. En Estudio Veragua Abogadas Asociadas ofrecemos una solución integral para las familias LGTBIQ+ que enfrentan conflictos de Derecho de Familia. Brindamos asesoría y representación jurídica con un enfoque 100% inclusivo, respetuoso y libre de sesgos, abarcando todas las materias de familia pertinentes. Nuestro equipo se encarga de acompañar a las personas durante todas las etapas del proceso, desde la orientación inicial y trámites previos (como mediaciones familiares obligatorias), hasta la defensa en juicio si es necesaria. Algunos de los servicios concretos que ofrecemos son:

• Divorcios y Acuerdos de Unión: Tramitación de divorcios tanto de mutuo acuerdo como unilaterales, para matrimonios heterosexuales y igualitarios por igual. Incluye la gestión de acuerdos completos que contemplen cuidado de hijos, alimentos, bienes comunes y compensación económica cuando aplique.
• Cuidado Personal (Custodia): Representación en juicios de determinación de custodia de niñas, niños y adolescentes, velando porque la decisión judicial considere el interés superior del menor sin prejuicios hacia la orientación sexual o identidad de género de sus padres, madres o cuidadores.
• Relación Directa y Regular (Visitas): Asesoría para establecer o hacer respetar un régimen de visitas adecuado. Defendemos el derecho de todos los padres y madres – incluyendo padres no biológicos en familias homoparentales – a mantener una relación cercana con sus hijos/as, garantizando su bienestar emocional.
• Alimentos: Preparación y presentación de demandas de pensión de alimentos, o defensa ante ellas, asegurando que los hijos e hijas reciban el sustento económico justo sin que la orientación sexual de sus progenitores sea usada en contra. Calculamos la pensión conforme a la ley y a las necesidades reales, y promovemos acuerdos extrajudiciales cuando es posible agilizar la obtención de recursos.
• Filiación y Adopción: Asistencia en procedimientos de reconocimiento de filiación para parejas del mismo sexo, ya sea a través de la inscripción de ambos progenitores en el nacimiento (cuando corresponde legalmente) o mediante adopción. Gestionamos el reconocimiento legal de dos madres o dos padres en la partida de nacimiento de un/a menor, utilizando las vías jurídicas disponibles tras la ley de matrimonio igualitario. También apoyamos en trámites de adopción homoparental, con conocimiento de la normativa y criterios actuales que garantizan igualdad de trato.
• Autorizaciones Judiciales: Tramitación de autorizaciones de salida del país para menores de edad u otras autorizaciones familiares (como mudanzas al extranjero o decisiones importantes de salud/educación) cuando el consentimiento del otro progenitor falta o es negado sin justificación. Abogamos ante tribunales para que las familias diversas puedan tomar decisiones en pro del bienestar de sus hijos/as sin obstáculos discriminatorios.
• Compensación Económica y Régimen de Bienes: Representación en solicitudes de compensación económica al disolverse una unión o matrimonio, argumentando de forma sólida el desequilibrio sufrido por uno de los cónyuges (independientemente de su género) en caso de haberse dedicado predominantemente al hogar o crianza. Asimismo, asesoramos en la liquidación de la sociedad conyugal u otros regímenes de bienes, garantizando una división equitativa y sin sesgos.
• Violencia Intrafamiliar: Patrocinio legal en casos de violencia intrafamiliar que afecten a personas LGBTIQ+ dentro del núcleo familiar. Gestionamos medidas de protección y denuncias, sensibilizados en la doble vulnerabilidad que puede significar sufrir violencia doméstica en contextos donde puede haber discriminación. Aseguramos que se apliquen las garantías legales de protección sin importar la orientación o identidad de las víctimas.

Nuestro enfoque inclusivo y profesional: En cada uno de estos servicios, adaptamos nuestras estrategias legales a la realidad particular de cada familia, siempre desde la empatía y el respeto. Nuestro estudio se compromete activamente con la no discriminación: todos nuestros clientes reciben un trato digno y comprensivo, sin sesgos de género, orientación sexual o modelo familiar. Contamos con experiencia previa representando a clientes de la comunidad LGBTIQ+, lo que nos ha permitido desarrollar buenas prácticas para abordar sus casos eficientemente y lograr resultados favorables. Nos mantenemos al día con los cambios legislativos y criterios judiciales más recientes en materia de familia y diversidad, aprovechándolos en beneficio de nuestros representados. Además, ofrecemos un espacio seguro y de confianza donde cada cliente puede expresarse libremente sobre su situación familiar, sabiendo que su abogada comprenderá sus necesidades específicas.

Resultados y compromiso: Nuestra meta es proteger tus derechos y los de tu familia en igualdad de condiciones. Buscamos soluciones integrales: privilegiamos la resolución amistosa de los conflictos mediante acuerdos justos y aprobados por el tribunal cuando esto es posible (lo que suele reducir tiempos, costos y estrés). Si la vía conciliadora no prospera, estamos preparadas para litigar con firmeza ante los tribunales, presentando argumentos técnicos sólidos y enfocados en derribar cualquier intento de sesgo o discriminación. En todo momento, ponemos énfasis en el interés superior de niños, niñas y adolescentes involucrados, así como en los derechos humanos fundamentales de nuestros clientes a la igualdad y no discriminación.

En resumen, el Estudio Veragua ofrece a las familias LGTBIQ+ un servicio jurídico de excelencia en el ámbito del Derecho de Familia, caracterizado por su enfoque inclusivo, trato humano y alta competencia técnica. Te acompañamos de principio a fin, brindándote la tranquilidad de saber que tus asuntos legales familiares están en manos de abogadas con perspectiva de género y diversidad, comprometidas en obtener la mejor solución posible para ti y tus seres queridos.